Propuesta del Gobierno para privatizar la educación pública

Yamid Amat el 12 de Marzo del 2011, realizó esta entrevista que reproducimos textualmente, para el análisis individual:

El presidente Juan Manuel Santos y la ministra de Educación, María Fernanda Campo, pusieron para estudio de los colombianos una de las más audaces propuestas para fortalecer, aumentar y, sobre todo, mejorar la calidad de la educación superior pública. La Ministra explica en la siguiente entrevista el alcance de la gran reforma.

¿La reforma que el Gobierno proyecta es el comienzo de la privatización de la educación superior?

La Constitución establece que la educación es un servicio público que puede ser ofrecido por entes públicos y por privados. En educación superior, hoy es 55 por ciento pública y 45 por ciento privada. No se puede hablar de privatización, pues ya hay una importante oferta privada. Esto no quiere decir que no sea necesaria una reforma profunda del sector. La Ley 30, que lo regula, fue expedida hace 18 años. Como lo dijo el Presidente, el mundo de hoy es otro. Tenemos nuevos retos y desafíos. En primer lugar, tenemos que garantizar una educación superior de altísima calidad, para competir a nivel mundial y lograr el bienestar y el desarrollo que el país demanda. En segundo lugar, tenemos que generar condiciones para que millones de bachilleres puedan acceder a educación de calidad y para que las futuras generaciones tengan el derecho a educarse.

¿La calidad de la educación superior pública es mala o deficiente?
Hemos avanzado mucho en calidad, pero requerimos seguir mejorando. Hay que incorporar más innovación e investigación. En un mundo globalizado, las exigencias en materia de formación a nivel de educación superior son cada día más altas. Tenemos que garantizar que el sector incorpore esa avalancha de nuevos conocimientos que está cambiando al mundo. No lo estamos haciendo del todo. Por eso no vemos a ninguna de nuestras universidades, ni públicas ni privadas, en los primeros puestos de los diferentes escalafones mundiales o regionales.

¿Usted diría que como el Estado no tiene recursos para introducir tecnología y modernización a la educación superior pública requiere el apoyo privado?

Así es. Proveer una educación de calidad cuesta mucha plata. Los recursos que gira el Gobierno para financiar universidades no son suficientes. Es indispensable que lleguen más recursos a la educación superior. Por eso, con esta reforma buscamos atraer capital privado que invierta en educación superior.

¿La universidad pública tendrá ánimo de lucro como consecuencia de la inyección del capital privado que recibiría?
No. La naturaleza de la universidad pública se conserva intacta. La idea es permitir que llegue capital privado a financiar, en asocio con las universidades públicas, proyectos específicos a través de alianzas público-privadas.

¿Cómo se garantiza a los empresarios privados la rentabilidad de su inversión?
En educación, todas las inversiones son a largo plazo. Como en cualquier negocio o inversión, el empresario tiene que partir de la base de elaborar estudios de factibilidad y retorno de su inversión. Es su decisión.

¿Como esto no es una invitación a la filantropía empresarial privada, ¿cuál es, entonces, el atractivo? ¿Qué les dan a cambio de la inversión?

Estas alianzas deben generar unas utilidades que serán compartidas entre universidad y empresario, de acuerdo con el convenio suscrito. El empresario se beneficia de la innovación que les permitirá a sus productos conquistar nuevos mercados internacionales.

¿Cuántas universidades públicas tiene el país y cuánto le valen al Estado?
En Colombia hay 80 universidades, de las cuales 32 son públicas. El Gobierno les gira 2,2 billones de pesos al año. Inversión que, con el subsidio a la demanda y otros gastos de funcionamiento incluidos, asciende a 5,67 billones de pesos, que son el 1,01 por ciento del PIB. Con la reforma se aspira a sumar, junto con la inversión privada, otros 2,3 billones en los próximos tres años.

¿Cuál es el nivel de cobertura hoy en educación superior?

Del 37 por ciento. Tenemos 1 millón 680.000 jóvenes estudiando programas técnicos, tecnológicos o universitarios. Pero ¿sabe cuántos bachilleres tenemos fuera del sistema? 3, 2 millones. Se graduaron de bachillerato en los últimos 10 años y nunca pudieron acceder a la educación superior o tuvieron que desertar. El año pasado se graduaron de bachillerato 620.000 jóvenes, y en el primer semestre de este año solo 294.000 lograron ingresar. Como si el anterior balance fuera poco, la tasa de desempleo en Colombia para jóvenes entre 17 y 27 años supera el 21 por ciento, casi el doble del promedio nacional. Eso quiere decir que estos jóvenes, que, con gran esfuerzo, acaban el bachillerato salen a presionar el mercado laboral y terminan en la informalidad. Tenemos que generar las condiciones para que el sistema aumente los cupos para acceder a educación superior.

¿Y para qué tiene el Gobierno que tocar la universidad pública? ¿Por qué no fomenta el crecimiento de la privada?
La propuesta busca fortalecer todo el sistema. Que lleguen más recursos, tanto a la universidad pública como a la privada.

¿Tiene conciencia del alboroto y las reacciones que la propuesta producirá?

Confiamos en que todas las universidades públicas entiendan que esta reforma no trata de sustituir, acabar o privatizar la educación pública. Al contrario, la idea es fortalecerla con más recursos públicos y la posibilidad de atraer recursos privados.


¿Hasta dónde esa participación privada en la educación superior pública pone en peligro la autonomía universitaria?
En nada. Ese es un principio constitucional sagrado. Esta propuesta no solo la preserva, sino la fortalece.

Si un empresario decide invertir en algún proyecto en la Universidad Nacional, por dar un ejemplo, ¿no tendrá injerencia en los órganos de gobierno?
Ninguna. Podrá intervenir solamente en los proyectos acordados.

¿Y las reacciones que se han escuchado en el sentido de que el Gobierno está atentando contra la universidad pública?
No las hemos escuchado y, si las hay, son producto del desconocimiento integral de nuestra propuesta. El Gobierno ha decidido poner a consideración de los colombianos la reforma para que entiendan sus objetivos y beneficios. La vamos a discutir con todos los estamentos. Tomaremos el tiempo que sea necesario para explicarla hasta en sus más mínimos detalles.

¿En Colombia hay hoy instituciones de educación superior con ánimo de lucro?

No. La Ley 30 no lo permite. No quiere decir que no generen excedentes.

¿La Ley que usted propone reconoce ánimo de lucro?
Sí. Permite que haya instituciones con ánimo de lucro.

¿Al estudiante de la universidad pública no le va a costar un peso el ingreso de capital privado?
Lo que estamos proponiendo es que el sector privado se meta la mano al bolsillo en beneficio de la educación superior pública y de él mismo, sin que eso signifique un peso de costo adicional para el estudiante. Todo lo contrario: los beneficios de las alianzas permitirán mejorar la calidad de la formación y la investigación.

Si no es cierto que la reforma que usted propone supone la apertura de la puerta a la privatización de la educación superior, ¿para qué va a permitir que la inversión privada en educación superior pública sea con ánimo de lucro?
Porque, de lo contrario, no voy a poder atraer el capital privado suficiente para mejorar las condiciones de mayor oferta y calidad que el país demanda. El capital privado está llegando a invertir en todos los sectores. No podemos privar a la educación superior de recibir nuevos recursos de empresarios que pueden ayudarnos a cofinanciar una educación de alta calidad.

¿La educación en el mundo entero no va hacia la oficialización?

Esa es una premisa falsa. Países como China, el más comunista, aumentó la cobertura de 2 millones de estudiantes a 26 millones. El 20 por ciento de este crecimiento lo aportan universidades privadas. En Corea, el 89 por ciento de la educación la proveen instituciones privadas. En Colombia, la coexistencia entre educación pública y privada se debe preservar.

¿De dónde puede surgir el interés del sector privado en hacer alianzas con la universidad pública, si puede hacerlas sin dificultad con la universidad privada, que además tendrá ánimo de lucro?
Del hecho de que un privado considere que existe una universidad pública que posee condiciones que necesita y que no encuentra en una privada.

¿La situación de la educación superior pública es tan grave que la llevó a usted a tomar esta decisión tan polémica?

El mundo cambió. Tenemos nuevos desafíos. Hace 18 años, cuando se expidió la Ley de Educación Superior vigente, no había Internet ni globalización. Hay que garantizar que nuestra educación sea competitiva a nivel mundial y lograr una mayor inserción en un mundo globalizado. Solo así podremos tener mayores niveles de crecimiento. Tenemos más de 3,2 millones de bachilleres, de los más pobres, a quienes no hemos sido capaces de ofrecerles una opción para que continúen su proceso educativo. Es una deuda que tenemos. Invertir en educación de calidad es el mejor negocio que puede hacer un país y lo vamos a hacer.

¿Cuándo llevará el proyecto al Congreso?
Queremos una amplia discusión. Lo presentaremos cuando esté listo.
Hay otras ideas para ampliar oferta educativa

¿La posibilidad de la inversión privada en la educación superior es el único instrumento que contempla la reforma para ampliar la oferta?
No. La reforma plantea aportes incrementales importantes de la Nación a las instituciones públicas. Adicionalmente, amplía mecanismos para apalancar créditos a las instituciones para ampliar o mejorar su infraestructura. Pero proponemos también que las instituciones con ánimo de lucro que se creen puedan tener exenciones tributarias a cambio de aportes a los fondos de becas y crédito del Icetex. De esa manera nos ayudarán también a financiar la educación de los más pobres. Un ejemplo extraordinario que nos ha servido de inspiración es el de Brasil. El gobierno de Cardoso cambió la legislación, que era igual a la de Colombia, y adoptó una reforma como la que estamos proponiendo. Con esa reforma, en poco tiempo el presidente Lula llevó al país de 1,8 millones de jóvenes en educación superior a cerca de 6 millones.